Con anterioridad a la LCCI de 2019, prácticamente todos los hipotecados asumieron los gastos de hipoteca. El TJUE emitió una sentencia en julio de 2020 que estableció la obligación a las entidades de devolver todos esos gastos (de notaría, gestoría, registro y tasación), a excepción del impuesto (IAJD).

Las directrices de Europa fueron asumidas por el  Tribunal Supremo en varias sentencias: la 457/2020, de 24 de julio, que estableció la devolución del 50% de los gastos notariales, el 100% de los de registro y la comisión de apertura; la 555/2020 de 26 de octubre, que fijó la devolución del 100% de los gastos de gestoría, y finalmente, la 35/2021, del 27 de enero, que obligó a la entidad a devolver el 100% de la tasación.

En relación con el plazo de reclamación, según sentencia del TJUE de 25 de abril de 2024, no tenemos limitación temporal para reclamar los gastos hipotecarios. Establece el Alto Tribunal europeo que el consumidor conoce la abusividad de su cláusula cuando obtiene la sentencia firme. Es ese hecho, y no otros, el que hace correr los plazos.

Ahora, el Tribunal Supremo ha resuelto en la misma línea en su sentencia 857/2024, del 14 de junio, en la que señala que el plazo de prescripción para reclamar los gastos hipotecarios se inicia cuando el consumidor tenga una sentencia firme a su favor. Es decir, si no reclamaste, aunque tu hipoteca sea antigua o esté ya cancelada, puedes recuperar tu dinero.