Celebramos la multa a las low cost, que hace necesario un cambio de conducta en el sector

Esperamos que las sanciones impuestas, por valor de 150 millones de euros, sirvan de freno eficaz para evitar la impunidad de las aerolíneas

Desde ASUFIN celebramos que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 haya impuesto sanciones ejemplares que se elevan a 150 millones de euros a las aerolíneas Ryanair, Easyjet, Vueling y Volotea por prácticas abusivas. Esperamos que sirva de freno efectivo a la impunidad con que estas compañías ninguneaban los derechos del consumidor a sus clientes.

Desde ASUFIN mantenemos una demanda colectiva contra Volotea que se dirime en el Supremo en estos momentos, por la abusividad en las tarifas, en concreto, una cláusula que faculta a la compañía aérea a modificar el contrato una vez formalizado el mismo.

Consideramos que es urgente un cambio de conducta por parte de estas compañías, como así lo pedimos para las entidades financieras. No podemos consentir una violación sistemática de los derechos que protegen a los consumidores a través de prácticas sistemáticas que constituyen un abuso en toda regla, a través de cláusulas que no tienen amparo alguno en la legalidad. 

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha hecho hoy pública la sanción por considerar abusivas y por tanto contrario a la normativa de consumo, las siguientes infracciones:

Tarificación extra por la reserva del asiento contiguo para acompañar a menores de edad o a personas dependientes.

Exigir sobrecoste por el transporte de equipaje de mano en cabina.

Opacidad en la información precontractual sobre el precio final del servicio.

Prohibición de pago en metálico tanto en el aeropuerto como a bordo de la nave.

Establecer un suplemento de 20 euros por reimpresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto (práctica sancionada solamente en el caso de Ryanair).

Con la citada multa, además de la imposibilidad de continuar realizando estas prácticas como sanción accesoria, concluye así el expediente que abrió en junio de 2023 para investigar si estas prácticas de las mencionadas compañías son abusivas o desleales y si contravienen, de forma generalizada, la normativa de consumo.

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