DENUNCIAS: ASUFIN denuncia en Europa al Tribunal Supremo por vulnerar las directivas y los tratados de protección de los consumidores

La asociación denuncia 10 años de interpretación restrictiva del principio de transparencia en la contratación con los consumidores y negacionismo de la jurisprudencia del TJUE
La denuncia podría derivar en un procedimiento sancionador para nuestro país, así como que el TJUE obligue al Supremo a revisar toda su doctrina

ASUFIN ha denunciado ante las instituciones europeas al Reino de España y, en concreto, al Tribunal Supremo por la reiterada y sistemática vulneración de la Directiva europea 93/13/CEE que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos. El escrito cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania.

La asociación solicita a las instituciones de la Unión Europea que realicen “las oportunas averiguaciones y abran el procedimiento de infracción correspondiente” a fin de garantizar que en nuestro país se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión y en concreto, el principio de transparencia en la contratación con los consumidores.

En concreto, pide “condenar al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con consumidores”, siguiendo así las exigencias de la directiva europea. A suprimir de manera definitiva el índice de referencia IRPH, tanto de cajas como de entidades, dejando estos préstamos sin interés conforme admite el sistema legal español y a eliminar asimismo los obstáculos y limitaciones existen en materia de acciones colectivas.

La denuncia, presentada el día de ayer ante la Comisión Europea por vía telemática, puede conllevar igualmente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a la revisión de toda la doctrina del Supremo.

ASUFIN justifica en su denuncia, “con datos objetivos” que el Tribunal Supremo español “no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que ofreciera seguridad jurídica”. Esta inseguridad jurídica ha provocado que los jueces nacionales se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019. Cuestiones que han llevado a corregir muchas veces el criterio del Tribunal Supremo lo que ha provocado que muchos consumidores con sentencia desestimatoria perdieran la oportunidad de recuperar su dinero por una interpretación incorrecta de las directivas europeas.

Y es que sistemáticamente, el Tribunal Supremo no ha acogido pacíficamente la doctrina del TJUE manteniendo una clara contradicción jurídica que sigue generando graves perjuicios al introducir recortes, limitaciones o interpretaciones restrictivas de los criterios protectores de los consumidores. La demanda aporta datos objetivos de las decisiones más lesivas: la retroactividad de la cláusula suelo, las costas procesales, la contratación entre profesionales, el vencimiento anticipado, el IRPH y la falta de legitimación de las asociaciones de consumidores para defender a clientes con inversiones de elevada cuantía, carácter especulativo o múltiples contrataciones, entre otras.

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, declara que “esta denuncia es la culminación de una labor incesante de defensa del consumidor bancario en la que, quienes nos situamos en la trinchera de la litigiosidad que genera la abusividad bancaria, asistimos atónitos al retorcimiento que hace el Tribunal Supremo de la jurisprudencia del TJUE. Los consumidores estamos cansados de amanecer en el día de la marmota una y otra vez, en una situación de inseguridad jurídica que no es buena para nadie. Con esta denuncia esperamos que la Comisión Europea tome cartas en el asunto y que nuestro Alto Tribunal recupere la senda iniciada en 2012 con la primera sentencia que aplicaba el principio de la transparencia en la contratación masiva.”

Benoît Lallemand, secretario general de Finance Watch, declara que “ASUFIN señala con razón la necesidad urgente de disponer de normas más estrictas en torno a la transparencia y la protección del consumidor financiero en España y en la Unión Europea. Como mínimo, debemos asegurarnos de que los Estados miembros respeten las normas, directivas y tratados de la UE en este ámbito. La asimetría de la información en los términos de un contrato hace que los hogares sean vulnerables a las prácticas injustas o abusivas del sector financiero. Garantizar que los consumidores comprendan las implicaciones de la utilización de los servicios financieros es más importante que nunca, ya que muchos hogares se ven obligados a endeudarse como consecuencia de la crisis de COVID-19. Debemos evitar los errores cometidos en la anterior crisis financiera de 2007-2008″.


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9 comentarios

  1. Como siempre mirais por el interes de nosotros los ciudanos,os doy mi enhorabuena por lo bien que habeis hecho denunciando estos hechos.

  2. Gracias por el esfuerzo!!!
    Se estima el plazo en que dará respuesta el tribunal de la UE?
    Tengo demanda con el banco por irph y por gastos notaria, gestoría, tasación…etc
    Y temo salga perjudicado….
    Quizás pueda paralizar lo por perjudialicidad ?

    1. Buenos días Diego. Muchas gracias a ti por tu apoyo. El plazo puede ser de año y medio, pero no podemos asegurar nada. Tu abogado sí que puede intentar solicitar la suspensión por prejudicialidad. Que tengas un buen día

      1. Gracias , ya lo paralizó por perjudialicidad hasta que Europa diera su veredicto y en cuanto Europa se pronunció solicitamos reanudación.El día 12 de febrero tengo juicio.
        Es posible, y sería recomendable paralizarlo otra vez ??

  3. Gracias por vuestro trabajo ,ya q sois los q más estáis trabajando, para recuperar todos los gastos abusivos de hipotecas y del IRPH cajas un saludo y adelante GANAREMOS

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