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Llevamos años denunciando la saturación y colapso judicial que en buena parte genera la obstinación de la banca por litigar hasta el final en causas ganadas por los consumidores
Nuevo y ejemplar episodio en torno a las dilaciones indebidas en los procedimientos judiciales relacionados con cláusulas abusivas bancarias y que desembocan en un insoportable gasto de dinero y tiempo para los consumidores, cuando no recursos públicos empleados en medios en los tribunales. El Tribunal Superior de Cantabria ha confirmado una multa al BBVA por “abuso del servicio público de Justicia”, al oponerse a la demanda de un consumidor que soportó una comisión de apertura del 2% en su hipoteca, cuando la doctrina establece un umbral de hasta el 1,5%. Celebramos esta decisión y la aprovechamos para recordar que la conducta de las entidades es intolerable: no pueden llevar hasta el final litigios de los consumidores financieros en causas que ya están perfectamente resueltas por la doctrina del Supremo.
No entendemos que el resto del tribunales no tomen medidas similares, no sólo por casos particulares como el juzgado en Cantabria, sino por los miles de procedimientos similares que generan gasto a los consumidores de todo el país. Es tal la obstinación de la banca por ralentizar la devolución de dinero a los consumidores (en lo que parece una clara intencionalidad de hacer caja), que sólo sanciones efectivas y contundentes podría hacerles cambiar de actitud. Con todo, la multa del TS de Cantabria, de apenas 2.000 euros, no nos parece en absoluto suficiente y disuasoria.
En ASUFIN llevamos años denunciado reiteradamente este hecho, que afecta a miles de afectados:
Hemos denunciado la saturación y colapso judicial en le que desemboca. Los juzgados especializados están colapsados, lo que provoca que procedimientos que deberían resolverse en plazos razonables se alarguen de 5 a 8 años, o incluso más, frente al dato de que el 97,55% de las demandas ya resueltas en los juzgados especializados da la razón al consumidor, según constata el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Elevamos una denuncia ante el Defensor del Pueblo, debido a la situación de indefensión que la conducta de la banca genera en los consumidores.
Recurrentemente, hemos puesto de manifiesto que la insistencia de la banca en litigar y el colapso que ello genera en tribunales afecta al principio constitucional de la tutela judicial efectiva. Y hemos pedido amparo a las instituciones porque la «justicia lenta no es justicia».
Un ejemplo muy claro de todo esto es el juzgado 101 bis de Madrid, que ha sufrido con el tiempo cambios de personal a cargo (magistrados) que han ocasionado que escritos de error material o de necesidad de aclaración de sentencias hayan estado esperando la firma del magistrado saliente, en ocasiones por más de 6 meses. Este juzgado acumula más de 20.000 asuntos por resolver; como ejemplo, las admisiones a trámite en materia de gastos hipotecarios están tardando más de 3 años.
A pesar de esta situación, se siguen creando este tipo de juzgados, como el 104 bis Madrid, para otro tipo de asuntos, que acumulan ya retrasos tan sangrantes como los anteriores porque, aunque hay varios magistrados, ni en funcionarios ni en medios está dotado para asumir el volumen de asuntos que se manejan en Madrid.
