Nos sumamos a la petición de la Abogacía y pedimos un acuerdo para cese la huelga de LAJ

Los pleitos por cláusulas abusivas bancarias ya acumulan un importante retraso que empeora ahora con la huelga

Nos sumamos a la Abogacía y pedimos que el Ministerio de Justicia, capitaneado por Pilar Llop, y los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) alcancen ya un acuerdo que termine con la huelga que, en su octava semana, está provocando un grave perjuicio a los ciudadanos y llevando al incumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva.

Por un lado, los afectados por cláusulas abusivas ya llevan años sufriendo el colapso de los tribunales, ocasionando dilaciones indebidas que fueron denunciadas al Defensor del Pueblo. Reclamaciones que en su día se resolvían en un par de años, se alargan a 5 ó 6 y muchas veces incluso superan los 8 años de litigio.

Por otro lado, nos encontramos con que buena parte de las sumas retenidas en las cuentas bancarias judiciales corresponden a los usuarios afectados por malas prácticas bancarias, que, como decimos, llevan mucho tiempo esperando para recuperar su dinero, y ahora lo ven frustrado estando en consignación judicial y sin visos de poder sacarlo de ahí.

Cabe destacar que, durante la pandemia, el pago de las indemnizaciones se consideró servicio esencial, dado que no se podía permitir que determinadas cantidades de dinero no quedasen “retenidas en las cuentas de los órganos judiciales durante el periodo de alarma” y se instó a que los Letrados de la Administración de Justicia “con independencia de que no se encontrasen realizando presencialmente sus funciones” pudieran acceder “con normalidad a la aplicación de gestión de la cuenta”.

Estamos recibiendo múltiples quejas de afectados con resoluciones favorables que saben que su dinero está depositado en los juzgados y que se encuentra retenido, en una situación de parálisis total que es difícilmente comprensible. Muchos de ellos señalan que contaban con ese dinero para paliar el impacto de la inflación en su economía: la subida del Euribor en sus hipotecas, la tarifa de la luz y el gas o la cesta de la compra.

Nosotros siempre hemos apoyado la mejora de las condiciones laborales de todos los que forman parte de un servicio tan esencial para los ciudadanos como es la Justicia. Sin embargo, es difícil empatizar cuando ocasionan un daño directo a la economía de muchos españoles.” Señala Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.

Seguiremos pidiendo que se dote de mejores recursos materiales y humanos a la Justicia, en la medida en que redundará siempre en beneficio del justiciable, pedimos a las partes en conflicto que acerquen posturas cuanto antes porque la afectación a los ciudadanos está siendo más que patente.

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