Ir al contenido
Patricia Suárez traslada al encuentro en el Ministerio de Economía la necesidad de que los servicios que presta la banca sean considerados de interés general
“Como consumidores, queremos tener una capacidad de elección para contratar los servicios bancarios, cuanta mayor concentración peor oferta”, trasladó Patricia Suárez a su salida del Foro de seguimiento de Buenas Prácticas Financieras, como representante de los usuarios, junto con la Plataforma de Mayores y Pensionistas, así como Carlos San Juan, que también contó con la presencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante a las patronales bancarias, AEB, CECA y Unacc, reunidos todos esta mañana, en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en presencia del ministro Carlos Cuerpo y el Banco de España. “La actividad de banca debe ser considerada bien de interés general para que rompamos con la brecha de exclusión financiera de colectivos vulnerables como los mayores”, trasladó al foro.
Y uno de los ejemplos más perniciosos de cómo la actividad bancaria no sigue una lógica favorable a ese interés general lo tenemos en la reciente traslación de la remuneración de los depósitos, explicó Suárez. “La acelerada subida de tipos vivida en los dos últimos años se trasladó de manera directa a las hipotecas pero no así a los depósitos”, afirmó coincidiendo en su diagnóstico con el ministro Carlos Cuerpo, que se refirió a lo reportado por el propio Banco de España, que achaca a una “posible falta de competencia” la anomalía vivida en España, donde los depósitos siguen “por debajo de la media europea”, algo que, admitió el ministro “nos preocupa”.
Suárez también se refirió a los nuevos datos ofrecidos por la banca sobre exclusión financiera, admitiendo que “no sólo hay que atender a los grandes números, también hay que buscar la realidad cualitativa, y no sólo cuantitativa de la exclusión financiera: si cada vez hay menos empleados, el servicio que dan éstos no puede ser de calidad”.
La temática de la ciberseguridad se ha añadido al debate por iniciativa expresada por ASUFIN en la última reunión del 16 de julio. A este foro también acude la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el impulsor de la campaña Soy mayor, no idiota, el médico Carlos San Juan, y el Defensor del Pueblo.
Desde ASUFIN, la presidenta Patricia Suárez, afirmó que “el usuario financiero necesita un marco legislativo mucho más protector, que delimite de forma suficiente el grado de responsabilidad en los casos de ciberfraude, y que tenga en cuenta el contexto en el que se produce. Además, los bancos tienen que trabajar de la mano de las empresas de telefonía y las tecnológicas para avanzar en la prevención del fraude”. Añadió que “no se puede cargar al consumidor con toda la responsabilidad cuando ni los propios bancos ni incluso las grandes tecnológicas tienen mecanismos suficientes para evitar el fraude”.
Además, consideramos que los propios datos y medidas que está adoptando el Banco de España no nos sirven. La gravedad de este tema choca con una consideración por parte del máximo regulador, el Banco de España, muy alejada de la realidad que sufren los usuarios, expuestos cada vez más a la ingeniería social de los ciberdelincuentes, que va muy por delante de la seguridad que despliegan las entidades.
En referencia a que el CIS vaya a empezar a medir los parámetros de la exclusión financiera, instó a que consulte a todas las fuentes, también a las asociaciones de consumidores, y que se refleje la realidad de la atención bancaria, “más allá del número de puntos de atención bancaria”.
Con relación a la Autoridad Independiente del cliente bancario, alegó que “por sí sola no garantiza nada. Sólo será una realidad si está dotada de presupuesto y recursos materiales y humanos. De lo contrario sucederá como los juzgados especializados, que para los consumidores han resultado frustrantes; yo misma sigo a la espera de mis gastos hipotecarios”.
Suárez compartió en la reunión que “en lo que se refiere a la inclusión financiera de mayores, apreciamos una mejoría en la atención personal (con presencia de más gestores personales y del acompañamiento a cajeros), así como en los compromisos de formación en herramientas bancarias, pero son mejoras que están enfocadas a ambientes urbanos principalmente”. Sin embargo , “observamos que la obligación de operar en los servicios más básicos en cajero se incrementa, mientras sigue decreciendo el uso de la libreta de ahorros, en una suerte de ‘dejarla morir’, que pone cada vez más difícil su uso, limitando el uso de cajeros que permiten utilizarla”.
Con respecto a la inclusión rural, Suárez aportó en la reunión que “la sensación es que las medidas alternativas, como el servicio que presta Correos, o la prestación financiera a través de los comercios, no terminan de desarrollarse y la actividad financiera de estas poblaciones sigue dependiendo del servicio que prestan los bancos, a través de oficinas móviles y cajeros. Es más, seguimos detectando prácticas de riesgo en los mayores, como sacar dinero solo una vez al mes. En ese sentido, son muchos los que dependen de familiares y amigos para que les lleven al banco a otra localidad, lo que refuerza que no están funcionando muy bien las alternativas o no les parecen satisfactorias”.
Es más, desde el Banco de España se admite que los expedientes tramitados en materia de ciberfraude “van a menos”, como se reconoció en nuestro VII Congreso anual. Si bien en 2022 se alcanzó el máximo de 10.000 expedientes, los años siguientes esta cifra ha ido a la baja, situándose en el entorno de los 8.500, en estos momentos del ejercicio. ¿Dónde está yendo el resto de casos de ciberfraude? A los tribunales, donde los procedimientos no dejan de aumentar.
Los consumidores soportan actualmente el 86% de las pérdidas por fraude bancario, ya que una de las principales razones que alegan las entidades bancarias a la hora de denegar las reclamaciones y el reembolso, es la “negligencia grave”. Es urgente, por ello, avanzar en una definición que tenga en cuenta todos los aspectos en los que tiene lugar la estafa.
