La atención personalizada en oficinas se complica por unas ratios de empleados decrecientes, cierre de oficinas y menos cajeros habilitados
La lucha contra la exclusión financiera puede vivir hoy, en el Congreso, un nuevo capítulo, cuando se vote una proposición de ley enviada por el Parlamento de Cataluña por la que se pretende garantizar el servicio de cajeros automáticos en municipios y barrios que estén en riesgo de exclusión financiera. Los últimos datos, recogidos por ASUFIN, no plantean un escenario fácil, al confirmar la tendencia a la baja en las ratios de empleados, oficinas y cajeros por habitante.
En concreto, la ratio de habitantes por oficina casi se ha triplicado desde 2008: de tener que atender a unos 1.000 habitantes por oficina a tener que atender a 2.742, con menos empleados, casi la mitad (42%). El propio cierre de oficinas ya alcanza al 60% de las existentes en 2008, contabilizándose a cierre de 2023 un total 17.537, frente a las 45.662 de entonces. Y los cajeros no han llenado ese vacío de atención presencial: hay cerca de un 30% menos instalados, de 61.714 unidades a 43.620, en estos momentos.
Desde ASUFIN seguimos defendiendo una digitalización a dos velocidades que no deje a ningún usuario de banca atrás, excluido. Y no sólo porque nos encontramos con colectivos a los que hay que prestar atención por motivos diversos, como merma de las capacidades cognitivas u obstáculos físicos, en el caso de mayores o personas con discapacidad, sino también porque existen núcleos poblacionales en la España vaciada, así como en determinados barrios de las grandes ciudades donde no es posible encontrar puntos de atención bancaria.
