En una carta remitida a los partidos que concurren al 23J, ponemos en valor el hecho de que, por primera vez, los temas de Consumo ocuparan un ministerio
El futuro gobierno que se conforme tras el 23 de julio deberá decidir qué papel otorga a la protección de los ciudadanos en su faceta de consumidores. Hemos trasladado algunas propuestas concretas que consideramos fundamentales a tal objetivo. En primer lugar y de forma perentoria, el nuevo gobierno deberá retomar y culminar el proyecto de Ley de la Autoridad para la Defensa del Cliente Financiero, “en los términos en que quedó aprobada en el Congreso de los Diputados y que, por tanto, cuenta ya con el consenso de la cámara”. Si bien los distintos actores interesados hemos manifestado algunas deficiencias con las que nacería esta Autoridad, resulta aún más preocupante el retraso en el cumplimiento del marco europeo en la defensa de los consumidores financieros y la desprotección de estos frente a los abusos de la industria.
Otra regulación pendiente que el nuevo gobierno debe impulsar de manera definitiva es la ley de acciones de representación colectiva adaptada al marco comunitario. Es sumamente importante que nuestro país disponga cuanto antes de una norma nacional que regule las acciones de representación colectiva y que, entre otras cosas, permita que todos nos podamos ver recompensados por las empresas que infrinjan los derechos de los consumidores en ámbitos como los servicios bancarios, los viajes, la energía, la sanidad, las telecomunicaciones y la protección de datos, sin necesidad de ir a juicio individual.
También respecto a los abusos en el sector energético, proponemos que se refuerce la protección de los consumidores ante malas prácticas que causan elevados perjuicios a las economías personales y familiares, entre otras, la comercialización telefónica con el sistema puerta fría, y que se faculte a la CNMC para publicar una lista de “chiringuitos energéticos”, además de prohibir los Sistemas de Información de Puntos de Suministro (SIPS) de gas.
En el marco europeo y teniendo en cuenta que el nuevo gobierno también ostentará la presidencia del Consejo de la UE, le instamos a liderar las discusiones en el marco del proyecto de directiva que regula obligaciones de diligencia debida de las empresas (CSDDD, por sus siglas en inglés) para que el mismo pueda ver la luz lo antes posible y con un alcance suficiente que asegure la correcta protección de los Derechos Humanos, el medioambiente y el acceso a la Justicia ante los impactos negativos consecuencia de malas prácticas empresariales.
En la carta que firma Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, ponemos igualmente en valor “el hecho de que, por primera vez, en esta legislatura existiera un ministerio dedicado de manera exclusiva a la materia de consumo”. Por tanto, y con independencia de la futura reestructuración ministerial que conforme el nuevo gobierno que emane de las urnas, “queremos animar a una sana reflexión acerca de la importancia no solo de la mejor protección de los consumidores, sino también de visibilizar el poder de las relaciones de consumo en la construcción económica y social de nuestro entorno”.
Consideramos que los retos crecientes en materia de digitalización pueden contribuir a la vulnerabilidad económica de determinados consumidores porque generan barreras de acceso a determinados bienes y servicios, y los exponen a problemas como el fraude o hábitos de consumo poco saludables o directamente perjudiciales, por lo que seguirán mereciendo de una especial atención.
