Los datos revelan un panorama desolador que demuestra que la arquitectura antifraude descansa en un usuario sea capaz de detectar el engaño, cada vez más sofisticado
El fraude digital está fuera de control: los últimos datos del Incibe, sobre los que alertó ayer el propio ministro de Transformación Digital, revelan que las consultas de los ciudadanos por ciberestafas se duplicaron en el primer semestre del año (alcanzando las casi 100.000), pero más relevante aún es el creciente peso de las incidencias económicas y de inversión. Las de falsas inversiones y criptos multiplican por siete los registros de hace solo cuatro años, y las relacionadas con el fraude bancario, por cuatro. Ante este escenario, los consumidores financieros reclamamos medidas concretas y más efectivas a las entidades financieras, a las operadoras de telecomunicaciones y a las administraciones públicas, frente a un fraude creciente del que estamos desprotegidos.
Los bancos tienen que asumir una mayor responsabilidad. No basta con exhibir la supuesta negligencia del consumidor por haber sido víctima de un engaño: en estos momentos, la ingeniería social permite la clonación de páginas web y entornos digitales que hacen imposible, en muchos casos, discernir información verídica de la que no lo es. Exigimos:
- Mayor y más efectiva inversión en el desarrollo de sistemas de detección de operaciones sospechosas en tiempo real.
- Bloqueo temporal de operaciones especialmente anómalas.
- Protocolos de atención a clientes vulnerables en oficinas ante la mínima sospecha de que pueden ser objeto de fraude.
- Contacto directo con el cliente mediante canales seguros, ante la primera señal de fraude.
Y hasta que llegue la nueva normativa europea que incide en el refuerzo de la autenticación de las operaciones (PSD3/PSR), intensificar la prevención del fraude: las entidades no deben utilizar la mera autenticación como prueba automática de negligencia del cliente.
Responsabilidad compartida entre todo el ecosistema: el papel de las teleco y las plataformas digitales. El fraude digital no ocurre únicamente dentro del banco: los SMS fraudulentos, las llamadas spam, y las comunicaciones en redes sociales pueden terminar en fraudes de todo tipo y robo de datos y dinero. Exigimos:
- El bloque del fraude antes del que llegue al consumidor. Operadoras y plataformas tiene que detectar y bloquear de forma más agresiva SMS, llamadas y números que suplantan a bancos, empresas o administraciones públicas. Los cientos de millones de llamadas y SMS bloqueados no son suficientes, frente las cifras crecientes de fraude.
- La retirada inmediata de anuncios, perfiles y contenidos fraudulentos, sin que los consumidores tengamos que denunciar de manera individual.
- Cauces de intercambio de información directa entre plataformas, teleco, banco y autoridades. La respuesta debe ser coordinada y rápida. Si una entidad identifica un número, dominio, cuenta o perfil utilizado para estafar, debería existir un mecanismo ágil para que esa información llegue al resto de actores y puedan bloquear el fraude antes de que alcance a más víctimas.
- Plataformas y telecos deben asumir más responsabilidad. Cuando una plataforma permite la difusión de publicidad financiera fraudulenta o de una suplantación masiva, o una teleco, la distribución de contenido para captar víctimas, deberían tener obligaciones reforzadas de verificación, trazabilidad, detección y retirada, y asumir responsabilidades cuando incumplan dichas obligaciones.
A la espera de la legislación europea
Mientras llega PSD3/PSR no podemos esperar a que el consumidor sea la última barrera de seguridad del sistema financiero y quien, principalmente, está asumiendo el coste económico del fraude. Este paquete legislativo actualiza y sustituye la normativa europea de pagos anterior (PSD2), dividiendo las reglas en una directiva de autorización de pagos (PSD3) y un reglamento de aplicación directa (PSR, Payment Services Regulation), que establecerá las reglas sobre cómo deben prestarse los servicios de pago y los derechos de los usuarios.
La reforma busca combatir no solo el fraude clásico de una operación no autorizada, sino también las nuevas modalidades en las que el propio consumidor termina autorizando el pago porque ha sido engañado. El objetivo es que los proveedores tengan más herramientas y obligaciones para detectar y prevenir este tipo de operaciones. Pero, en estos momentos, no es aún una realidad: sólo existe un acuerdo político provisional, alcanzado en noviembre del años pasado entre Parlamento y el Consejo europeo.
