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CECU y ASUFIN hemos trasladado la denuncia a la CNMC, recordando que aún no dispone de las competencias para vigilar y sancionar esta conducta
La Organización Europea de Consumidores (BEUC), junto con 29 miembros de 27 países, incluidos CECU y ASUFIN, como miembros en España, ha denunciado ante la Comisión Europea y las autoridades nacionales competentes contra Meta, TikTok y Google por no haber abordado la proliferación de anuncios fraudulentos de carácter financiero en sus plataformas, tal y como les exige la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA).
Cerca de 900 anuncios sospechosos
Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, BEUC y las asociaciones de consumidores de 13 países denunciaron cerca de 900 anuncios sospechosos de infringir la legislación de la UE. De ellos, las plataformas solo retiraron el 27 % de los anuncios a raíz de estas denuncias, mientras que el 52 % de las denuncias fueron rechazadas o ignoradas. Esto significa que cientos de estafas financieras siguen activas, llegando a más de 200 millones de consumidores europeos cada mes y poniendo en riesgo nuevas pérdidas económicas y otros perjuicios.
La investigación llevada a cabo revelan entre otras cuestiones, que:
- Determinados anunciantes publican reiteradamente contenidos fraudulentos en las plataformas de META, siendo baja la probabilidad de que dichas cuentas sean bloqueadas. META bloqueó solo 146 de las 503 denuncias de las asociaciones de consumidores participantes en la investigación. Más de 300 de los anunciados denunciados, continúan publicados. Además, META recibiría ingresos de los anunciantes denunciados (aproximadamente el 10% de sus ingresos totales)
- En TIKTOK, varios anunciantes reinciden en la publicación de estafa: el 40% de los anunciados reportados fueron sencillamente ignorados. Esta plataforma tampoco refleja interés alguno en esta materia en sus planes de seguridad, según reportó en 2025 en el informe sobre riesgos DSA.
- Resultados similares se han observado en GOOGLE, donde, pese a la reiteración de anuncios ilícitos por ciertos anunciantes, incluso habiendo sido denunciados y Google supuestamente, haberlos retirado, la probabilidad de suspensión sigue siendo reducida.
Cabe señalar sin embargo que, en nuestro país, se da la circunstancia de que el organismo designado por el Gobierno para vigilar el cumplimiento de la DSA, como coordinador nacional de servicios digitales (DSC), es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde enero de 2024. Sin embargo, tras esta designación formal, no se ha aprobado una ley que habilite con competencias reales de supervisión, investigación y capacidad sancionadora al organismo. Esto es lo que permitiría a la CNMC a tener poderes legales y concretos como acceder a datos y algoritmos, ordenar inspecciones y, lo más importante, imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las grandes plataformas.
Nuestro país lleva dos años incumpliendo el plazo dado por Europa para habilitar una DSC española (el Reglamento de Servicios Digitales se aprobó en julio de 2022) y el caso ya está en manos del Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-841/25). CECU y ASUFIN han hecho llegar la denuncia a la CNMC, sobre la que no va a poder actuar en consecuencia, por lo que instan al Gobierno a resolver esta cuestión cuanto antes y cumplir con los plazos para que nuestro país tenga ya una DSC con plenos poderes
