La presidenta de Asufin demanda a la clase política mayor compromiso con los consumidores que ahora se enfrentan a nuevos desafíos en el entorno de las Fintech
Consciente de que la mayoría de la regulación emana de Bruselas, Asufin decide instalarse en la capital de la UE para influir en la normativa de consumo financiero
Viernes, 20 de septiembre de 2019. Los derechos de los consumidores financieros deben ocupar un sitio preeminente en las agendas políticas de todos los partidos, demanda Asufin. “Tras la crisis financiera vivida en la última década, el consumidor de productos bancarios se enfrenta ahora a nuevos desafíos planteados por la economía digital (Fintech) y no es el momento de desfallecer en la defensa de sus derechos”, plantea Patricia Suárez, presidenta de la Asociación.
En este contexto, hay que añadir que se encuentra aún pendiente de desarrollo el Sandbox español, o banco de pruebas para las empresas tecnológicas que operarán en el ámbito financiero. Esta herramienta, que puede suponer un paso adelante en la mejora de la competencia y la innovación, debe contar con la participación de los consumidores para minimizar los riesgos y evitar errores del pasado.
Asufin trabaja en un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo para mejorar la educación financiera de los consumidores en el marco de la economía digital
Suárez considera que las Fintech, «suponen un riesgo pero también una oportunidad para mejorar la educación financiera de los usuarios y empoderarles en la gestión de sus finanzas». Además, destacó que el dato adquiere un papel relevante en la nueva economía y los consumidores «deben ser conscientes de que el dato les pertenece y es su decisión qué, cuando y con quien comparte sus datos pues de ello dependerá la oferta de productos y servicios que recibirá así como su precio».
Asufin trabaja en un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo para mejorar la educación financiera de los consumidores en el marco de la economía digital
Actividad en Bruselas
Por otra parte, conscientes de que la mayoría de la regulación que concierne y defiende a los consumidores emana de las autoridades comunitarias alojadas en Bruselas y Estrasburgo, la Asociación ha decidido establecerse en la capital de la UE para conocer de primera mano las iniciativas legislativas y poder influir en su redacción en defensa de los consumidores.
