La Comisión Europea emitió en 2020 una propuesta de ley de servicios digitales que quería generar un entorno seguro online de los servicios intermedios, además, de su correcto funcionamiento. Tanto la Comisión Europea, Consejo de la UE y Parlamento Europeo llevaban tiempo negociando esta nueva ley.
Sin embargo, la actual crisis ha motivado la inclusión de dos párrafos en el texto sometido a votación, que no figuraban en el acuerdo cerrado en abril.
Los dos motivos de desacuerdo son:
1. La prohibición de imponer el control de contenidos: Prohíbe imponer a los servicios intermediarios obligaciones generales de supervisión de los contenidos de sus plataformas o que transmiten por las redes para asegurarse de que no infringen derechos de terceros. Aunque, el Parlamento aclaró posteriormente que esta prohibición general no impide que las leyes comunitarias o nacionales puedan obligar a las plataformas a realizar controles específicos respecto de los contenidos.
2. Órdenes transfronterizas de retirada de contenidos ilegales: En este sentido, que señala que necesario definir condiciones para tramitar las órdenes.
Ahora, la Presidencia del Consejo de la UE puede o bien modificar los contenidos a los cuales se han opuesto, o bien seguir adelante y pedir al Comité de Representantes Permanentes que acepte el texto.
