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Gastos, cláusula suelo e IRPH tardan 4 años en ser admitidas a trámite en el juzgado especializado de Madrid

Seguimos denunciando los tiempos de resolución de litigios en cláusulas bancarias abusivas: recordamos que la Justicia lenta no es Justicia

Los últimos datos que hemos recabado de admisión a trámite en el mayor juzgado especializado, el 101Bis de Madrid, ponen de evidencia que nada se ha avanzado en materia de defensa del consumidor bancario. En estos momentos, se está admitiendo a trámite las demandas por gastos presentadas en junio de 2018; las de cláusula suelo presentadas en marzo de 2018; las de IRPH presentadas en abril de 2018, y las de multidivisa presentadas en 2019. Es decir, los principales focos de litigiosidad bancaria tardan hasta cuatro años en ser admitidos a trámite. Y este es sólo el primer paso.

El estado de admisiones, señalamientos y recursos en el juzgado especializado en cláusulas abusivas 101Bis de Madrid se completa con estos datos de audiencia previa: retraso de 3 años en cláusulas de gastos, de 4 años en cláusula suelo y de 3 años en cláusula multidivisa. Los recursos de apelación hacen prolongar el procedimiento un año más en todos los litigios.

Tras más de 10 años de la crisis financiera, sigue sin haber alternativas efectivas para los consumidores bancarios: las resoluciones del Banco de España y la CNMV no son vinculantes, las demandas acumuladas o colectivas son complejas procesalmente hablando y retrasan aún más el resarcimiento de los consumidores y las entidades financieras no se adhieren a mecanismos de resolución alternativa de conflictos (ADR).

Estamos a la espera de ver cómo se articula la futura Autoridad Bancaria de defensa del cliente bancario, en estos momentos en fase de tramitación. Consideramos que esta figura sólo será útil en la medida se salvaguarde su independencia y que disponga de una capacidad sancionadora efectiva, con decisiones que sean vinculantes, a diferencia de lo que sucede en la actualidad con los servicios de reclamaciones de los diferentes organismos.

El coste de litigar es también una variable que tenemos que tener en cuenta, no solo para el demandante, sino para el resto de contribuyentes. Somos los ciudadanos los que pagamos, con nuestros impuestos, unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumidor en el 97% de los casos

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