Si la crisis que hemos padecido los últimos diez años, y que impactó sobremanera en los cimientos financieros y en la estabilidad económica de buena parte de los países a este lado y otro del Atlántico, ha tenido algo positivo, por mínimo que fuera, esto ha sido sin duda el empoderamiento del consumidor financiero. Superar el sentimiento de culpabilidad, la vergüenza por haber sido engañado y ser conscientes de que había que combatir la mala praxis bancaria es, sin ninguna duda, un logro que los usuarios financieros podemos atribuirnos.
Desgraciadamente, este empoderamiento se ha materializado a través de batallas judiciales en España y en Europa. Un comportamiento anti sistema por parte de las entidades financieras que lejos de poner fin a este doloroso proceso, nos aboca a pleitear saturando unos tribunales que pagamos todos los contribuyentes, para retrasar el pago y disuadir a los clientes de reclamar.
Cuando pensábamos que con las preferentes, la cláusula suelo o la hipoteca multidivisa se acababa la litigiosidad, la vuelta al trabajo en septiembre nos ha traído la muestra más palpable de que aún nos falta mucho por hacer. En primer lugar, el pasado 10 de septiembre asistíamos a la anunciada publicación de las conclusiones del abogado general del TJUE acerca del controvertido índice IRPH por el que se calculan muchas hipotecas de nuestro país, dando la razón a los afectados.
Desde que los primeros afectados nos enseñaban sus contratos en ASUFIN, hemos defendido que hubo una manifiesta falta de transparencia a la hora de explicar a los hipotecados que “el todo siempre iba a superar a la parte”. En otras palabras, que parece lógico que un tipo de interés configurado a partir de euríbor, más diferencial, intereses y comisiones siempre superase en la curva de tipos al euríbor sin más. Un índice que el Banco de España nunca ha cuestionado mientras que otros bancos centrales se afanan por hacer más transparente y menos manipulable que el euribor y el libor.
Merma de derechos de los consumidores
Solo un día después, el Tribunal Supremo (@PoderJudicialEs) dictó sentencia sobre la cláusula de vencimiento anticipado de las hipotecas una vez el TJUE resolviera al respecto el pasado 26 de marzo. Un falllo que nos llena de preocupación pues no zanja el debate, sino todo lo contrario. El Supremo no solo insiste en que el procedimiento de ejecución hipotecaria es más favorable para el consumidor, lo cual es absolutamente contrario a cualquier lógica puesto que se trata de un procedimiento expresamente creado para facilitar el cobro en caso de impago, sino que mantiene que el contrato no puede subsistir. Se merma así los derechos de los consumidores a los que, sin ninguna duda, en un procedimiento tan importante que puede conllevar la pérdida de su casa, se les debe consultar si prefieren continuar la ejecución o, por el contrario, defenderse en un proceso declarativo. Si a ello le añadimos que el Supremo rompe con el principio de cosa juzgada y, ahora sí, se agarra de la retroactividad para aplicar la nueva Ley de Contratos del Crédito Inmobiliario, el debate está servido.
En suma, la lacra de los abusos financieros nos sitúa en un escenario de desconfianza que perjudica tanto a las entidades financieras como a sus clientes. A ello se suma la irrupción de nuevas formas de contratación bancaria, las denominadas Fintech. Tanto si estamos ante la banca tradicional como si contratamos con Neobancos o Fintech’s, en ASUFIN seguiremos señalando los errores del pasado para conseguir el verdadero cambio de cultura bancaria.