Llevamos años denunciando la saturación y colapso judicial que en buena parte genera la obstinación de la banca por litigar hasta el final en causas ganadas por los consumidores
A las grandes cifras que hoy acompañarán la apertura del año judicial hay otras que sufren de manera directa, a diario, los ciudadanos: el retraso insoportable en la resolución de los procedimientos que hace que pasen años hasta que recuperan su dinero. Una circunstancia que disuade a los usuarios de ir a tribunales a pelear por lo que le corresponde y que compromete gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como hemos denunciado a altas instancias como el Defensor del Pueblo, o el propio Ministerio de Justicia.
Nada más gráfico que el caso real de uno de nuestros asociados afectados por gastos hipotecarios: casi una década esperando la devolución de un dinero que le pertenece, dado que se trata de un asunto sobre el que ya hay una jurisprudencia clara. Puesta la denuncia en 2017, y habiéndose allanado la entidad bancaria (le dio la razón) en el mes de abril de este año, aún tiene su dinero, cerca de 1.200 euros, consignado en el juzgado, es decir, atascado, en espera de la sentencia.
Como este caso, se encuentran otros tantos que suman una cantidad que supera los 40 millones de euros, en términos de consignación en el 101bis de Madrid. Es decir: dinero atrapado en los juzgados, que sigue sin llegar a los bolsillos de los consumidores, ya que en su mayoría se trata de asuntos ya resueltos, como los propios gastos hipotecarios.
Según los datos que comunican los procuradores, están entrando ahora al juzgado especializado en cláusulas abusivas asuntos presentados en 2019 por cláusulas suelo, en 2020 por IRPH y en 2022 por gastos hipotecarios.
Lo más lamentable de todo esto es que se trata de un sistema que sale sumamente rentable a las propias entidades bancarias, dado que disuade a los consumidores de reclamar y les supone un rescate encubierto, al ver con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras 6 o 7 años a los pocos consumidores que hayan reclamado.
El 97,55% de las demandas ya resueltas en los juzgados especializados da la razón al consumidor, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y litigar tiene un coste no solo para el demandante, sino para las arcas públicas, pues los ciudadanos pagan con sus impuestos unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumidor.
