Hay que dotar de medios humanos y materiales los juzgados especializados para que los pleitos no se prolonguen hasta 3 y 4 años
Los consumidores y usuarios financieros siguen sin ver la creación de una Autoridad de defensa que les proteja de forma real e independiente de las cláusulas abusivas en los contratos
Con motivo de la apertura del año judicial, hoy, recordamos los frentes que siguen abiertos para el consumidor. “Cambian los ministros de Justicia pero todo sigue igual, no hay voluntad política de escuchar a los consumidores y terminar con el colapso en los juzgados”, sostiene nuestra presidenta Patricia Suárez. “Ni se dedican los recursos humanos y materiales suficientes para agilizar los procedimientos en los juzgados especializados ni se está trabajando en la creación de una Autoridad de defensa de los clientes, realmente independiente”, añade.
Desde ASUFIN hemos pedido amparo hasta en dos ocasiones, en esta Legislatura, a los titulares del Ministerio de Justicia, para que acometan ya, de manera seria, las medidas necesarias para evitar la saturación de los juzgados especializados en cláusulas suelo por la insistencia de la banca a litigar. Este sistema, que dilata los procesos hasta 3 y 4 años, “les sale sumamente rentable pues disuade a los consumidores de reclamar y supone un rescate encubierto a las entidades financieras que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras 6 o 7 años a los pocos consumidores que hayan reclamado”, razonamos en la última carta enviada a la ministra Pilar Llop.
Tras más de 10 años de la crisis financiera, sigue sin haber alternativas efectivas para los consumidores bancarios: no termina de cuajarse la iniciativa tantas veces anunciada de una Autoridad Bancaria en defensa del cliente y, a nuestro juicio, la medida estrella de la mediación que incorpora el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que se tramita en estos momentos, supone un paso más que obstaculiza la resolución de pleitos.
El coste de litigar es también una variable que tenemos que tener en cuenta, no solo para el demandante, sino para el resto de contribuyentes. “Somos los ciudadanos los que pagamos, con nuestros impuestos, unos juzgados saturados por demandas que terminarán siendo favorables al consumidor”, instamos a la ministra Llop.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), faltan por resolver 240.000 demandas en los juzgados especializados de los casi 600.000 (584.000 hasta diciembre pasado) que han ido llegando desde 2017, año de su creación, es decir el 41%. El resultado de los procedimientos ya tramitados arroja un porcentaje de éxito para el consumidor del 97,55%.
