Celebramos que se haya retomado, aunque lamentamos volver a la “casilla de salida”, con un Anteproyecto de Ley, cuando contábamos con un amplio consenso
Celebramos que haya retomado ya la Autoridad Bancaria pero lamentamos que se haya vuelto a la “casilla de salida”, vía Anteproyecto de Ley, toda vez que contábamos ya con un amplio acuerdo parlamentario. En tal sentido, pedimos celeridad y que no se alargue el trámite, dado que el consumidor financiero merece disponer de este organismo cuanto antes, después de décadas de promesas, y presente en muchos países de nuestro entorno.
El Gobierno recupera el mismo texto, sobre el que reiteramos nuestra observación sobre la tasa que financiará el organismo, uno de los elementos que siempre hemos considerado clave para asegurar el desempeño con eficacia de la Autoridad. Finalmente, en vez del pago fijo de 250 euros por reclamación, decidió modularse dicha cuantía, por lo que nos parece que es necesario que se asegure la correcta financiación para que el organismo esté dotado de los medios necesarios.
Por otra parte, el texto diluyó la presencia de las asociaciones de consumidores en el consejo consultivo de la Autoridad, reduciendo de tres a uno sus miembros, siendo ocupados los otros dos por asociaciones de mayores y de discapacitados. Consideramos que consumidores somos todos y la representación que ejercemos las asociaciones de consumidores es inclusiva e integradora.
Finalmente, el dinero que se recaudará de las multas a las entidades financieras será ingresado en el Tesoro, sin mención alguna que se tenga que destinar a ningún fin en pro de la mejora de la educación financiera o similar.
Como consideración positiva, las reclamaciones de la Autoridad que finalmente pasen a ser vistas en los juzgados se harán en el fuero del cliente, es decir, serán competentes los juzgados de primera instancia que tengan su sede en la capital de la provincia del domicilio del cliente.
En general, también nos parece positivo la gran observancia para con los asuntos que atañen al colectivo de los mayores, discapacitados y otros colectivos en riesgo de exclusión. Y muy especialmente todas las mejoras en torno al cumplimiento de la legalidad a la hora de contratar las cuentas básicas de pago.
En concreto, vemos muy positivo que se haya llegado a un acuerdo con los documentos pedidos para abrir las cuentas básicas a los colectivos más vulnerables, como los que se encuentran en situación irregular en nuestro país, pero no pueden ser expulsados. En esos casos, de manera excepcional y con autorización de los servicios sociales, las entidades que integran a estos colectivos podrán emitir certificados de exclusión financiera para facilitar y agilizar esos procesos de aperturas de cuenta.
