Sale adelante de nuevo en un contexto de prórroga presupuestaria que tendrá que ser salvado con una ampliación extraordinaria
Ahora que el Consejo de Ministros ha dado luz verde, de nuevo, a la Autoridad independiente de defensa del cliente bancario, y una vez sortee el trámite parlamentario, tenemos que insistir en que se haga un esfuerzo especial en dotarla de protagonismo, independencia y, sobre todo, recursos, económicos y humanos, para que pueda servir a su propósito: evitar la judicialización de las reclamaciones de los usuarios bancarios y disuadir a las entidades de cometer malas prácticas.
Las asociaciones de consumidores recibimos de manera constante ejemplos de malas prácticas que de manera indefectible pasan a formar parte del trabajo ingente de los juzgados, lo que crea un auténtico embudo, con procedimientos que tardan años y años en resolverse. Esto da como resultado miles y miles de consumidores que se ven disuadidos de reclamar, máxime cuando son cantidades de dinero poco relevantes. Lo vemos a diario con los gastos hipotecarios, por ejemplo.
El Gobierno recupera con el mismo texto finalmente aprobado uno de los elementos que siempre hemos considerado clave para asegurar el desempeño con eficacia de la Autoridad. Finalmente, en vez del pago fijo de 250 euros por reclamación, decidió modularse dicha cuantía, por lo que nos parece que es necesario que se asegure la correcta financiación para que el organismo esté dotado de los medios necesarios.
Por otra parte, el texto diluyó la presencia de las asociaciones de consumidores en el consejo consultivo de la Autoridad, reduciendo de dos a uno sus miembros. Las otras sillas de representantes las ocuparán asociaciones representativas de las personas mayores de 65 años y de personas con discapacidad. Consideramos que consumidores somos todos y la representación que ejercemos las asociaciones de consumidores es inclusiva e integradora.
Finalmente, el dinero que se recaudará de las multas a las entidades financieras será ingresado en el Tesoro, sin mención alguna que se tenga que destinar a ningún fin en pro de la mejora de la educación financiera o similar.
Como consideración positiva, las reclamaciones de la Autoridad que finalmente pasen a ser vistas en los juzgados se harán en el fuero del cliente, es decir, serán competentes los juzgados de primera instancia que tengan su sede en la capital de la provincia del domicilio del cliente.
En general, también nos parece positivo la gran observancia para con los asuntos que atañen al colectivo de los mayores, discapacitados y otros colectivos en riesgo de exclusión. Y muy especialmente todas las mejoras en torno al cumplimiento de la legalidad a la hora de contratar las cuentas básicas de pago.
En concreto, vemos muy positivo que se haya llegado a un acuerdo con los documentos pedidos para abrir las cuentas básicas a los colectivos más vulnerables, como los que se encuentran en situación irregular en nuestro país, pero no pueden ser expulsados. En esos casos, de manera excepcional y con autorización de los servicios sociales, las entidades que integran a estos colectivos podrán emitir certificados de exclusión financiera para facilitar y agilizar esos procesos de aperturas de cuenta.
