Proponemos retomar la iniciativa de una Autoridad que defienda a los clientes bancarios y descongestione los tribunales y retomar sin más retraso la transposición de las directivas pendientes
Ante el comienzo de la campaña electoral, desde ASUFIN instamos a todos los partidos políticos a situar la protección de los consumidores y el alivio económico de la ciudadanía en el centro de la próxima Legislatura. Reclamamos recuperar de inmediato normas paralizadas por el adelanto electoral, como la creación de una Autoridad de defensa de los clientes financieros, la ley de acciones colectivas o la del crédito al consumo. También reclamamos un pacto de Estado para abordar de forma integral la emergencia habitacional en nuestro país así como el fraude que acosa a los usuarios a través de un entorno digital cada vez más hostil y lleno de amenazas.
Acciones colectivas y la Autoridad Independiente de defensa de los clientes financieros. Tras la paralización legislativa provocada por el adelanto electoral, exigimos a todos los partidos el compromiso de tramitar por vía de urgencia la transposición pendiente de la directiva europea sobre acciones de representación colectiva, así como la puesta en marcha, de nuevo, de una Autoridad de defensa de los clientes financieros. El marco legal de defensa colectiva, así como la figura supervisora de nuevo cuño nos situaría a la vanguardia de los países europeos en materia de resolución de los conflictos de los consumidores con el ámbito financiero (bancos, aseguradoras, etc.) y nos homologaría con países como Reino Unido. Debería existir consenso en el arco político en torno a la necesidad de equilibrar la balanza de poder entre los consumidores y los operadores del mercado.
Responsabilidad directa de las entidades financieras ante el fraude digital. Impulsar una reforma legal que blinde el reembolso automático a los consumidores, víctimas de suplantaciones bancarias y estafas digitales, invirtiendo la carga de la prueba para que sean los bancos los que tengan que acreditar una negligencia grave, dando cumplimiento de esta forma, y por la vía legal, de la jurisprudencia marcada por la Corte europea de justicia. Este marco legal debería incorporar mayores requerimientos en materia de seguridad y, sobre todo, detección temprana del fraude.
Acceso asequible a la vivienda y control del esfuerzo hipotecario. Ante la emergencia habitacional en la que nos encontramos, reclamamos un pacto de Estado que sitúe el esfuerzo financiero de acceso a la vivienda por debajo del umbral recomendado del 30%. Para lograrlo de manera estructural, exigimos una ampliación urgente y decidida del parque público de vivienda en alquiler asequible, blindando su titularidad y calificación protegida de forma permanente, para que actúe como verdadero colchón anticíclico. En paralelo, exigimos una supervisión estricta de los instrumentos de financiación pública, como los préstamos ICO, para determinar su eficacia real, e impedir que la banca los condicione a la contratación de otros productos vinculados. E igualmente, pedimos seguridad jurídica en el mercado del alquiler que permita ampliar la oferta sin desproteger a los inquilinos vulnerables ni trasladar el coste de esta crisis habitacional a las familias.
Freno real al crédito trampa con la transposición urgente de la directiva de crédito al consumo. Exigimos que la próxima Legislatura tenga como prioridad el retomar de inmediato la tramitación de una ley, para responder ya al grave retraso que arrastra nuestro país en la transposición de la directiva de crédito al consumo. Dicha normativa tiene que establecer límites precisos en los tipos de interés, tal y como sucede en países de nuestro entorno como Portugal, prohibir la concesión de crédito sin una evaluación rigurosa de la solvencia, y sanciones ejemplares en la concesión de préstamos irresponsables.
Garantía de una atención financiera inclusiva para todos los colectivos, en especial para mayores y personas con discapacidad. Blindar por ley el derecho de toda la ciudadanía, especialmente para los mayores y personas con discapacidad, a recibir una atención financiera inclusiva, sin comisiones adicionales, y con los recursos necesarios que garanticen su operatividad. Todo esto se haría en el marco de una declaración general de determinados servicios bancarios básicos como servicios económicos de interés general.
Impulso real a las finanzas sostenibles. Exigimos un marco normativo que garantice una transición ecológica justa y accesible que no haga recaer el esfuerzo sobre la ciudadanía y, en especial, sobre los hogares vulnerables. Para ello, desde ASUFIN, hemos propuesto a todos los partidos políticos el proyecto Financia en verde, con fórmulas de financiación directa que no dependan exclusivamente de subvenciones coyunturales, como hipotecas verdes con novación de tipos por mejora de eficiencia o pagos fraccionados en factura, entre otros, junto con otras herramientas, como un modelo público de apoyo a comunidades de propietarios.
