La presidenta de ASUFIN recordó en su intervención hoy, en un acto de la Comisión Europea y el Ministerio de Consumo, que la demanda a Tik Tok no ha podido tramitarse en nuestro país
Defendió la innovación pero con una mayor protección para que la automatización no ahonde más en discriminaciones sociales y exclusión de los más vulnerables
“Si tenemos que ir a Irlanda para defender los derechos de los consumidores españoles, éstos no existen”, afirmó hoy Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN en el transcurso de los Diálogos Nacionales de Consumo que la Comisión Europea ha organizado de la mano del Ministerio de Consumo para abordar la Nueva Agenda del Consumidor. Recordó que la demanda que ASUFIN así como la OCU trasladaron al propio Ministerio, a la CNMC y a la Agencia Española de Protección de Datos contra los incumplimientos de la red social TikTok ha tenido que ser enviada a Irlanda porque la compañía no tiene sede en nuestro país.
En este sentido, destacó que una de las políticas a las que se debe dar un impulso decisivo es el desarrollo de las acciones colectivas transfronterizas, para garantizar una defensa y protección de los consumidores europeos real y eficaz.
Suárez intervino en el panel de retos y soluciones ante la transformación digital que viven los consumidores europeos y puso el acento en la “necesaria inclusión de la digitalización” en las cuatro directivas que están sujetas a revisión inminente: crédito al consumo, cuentas de pago, crédito hipotecario y comercio a distancia así como la resolución de conflictos internacionales mediante acciones colectivas eficientes.
El acto, que contó con la presencia del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, y el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, abordó la Nueva Agenda del Consumidor, presentada el pasado mes de noviembre por la Comisión Europea, para fijar las prioridades y acciones de la política de consumo para los próximos cinco años en el seno de la Unión.
La presidenta de ASUFIN declaró “echar en falta alguna iniciativa de la Comisión Europea” que vaya en línea con la “obligación de las compañías de auditar los algoritmos con los que procesan los datos de los consumidores”. Abundó en que “se están nutriendo de los datos que todos les proveemos y existe el riesgo de que perpetúen los sesgos que existen en la sociedad: de género, de capacidad económica, de procedencia, entre otros muchos. No podemos permitir que se automatice la exclusión”.
Defendió la innovación, “no queremos frenarla”, pero “sí es imprescindible una mayor protección para que la automatización no ahonde más en discriminaciones sociales y exclusión de los más vulnerables”. Ante las Big Tech, toda la población se convierte en vulnerable: “El algoritmo debe ser ético y no excluir a ningún colectivo”. Es muy importante que los jóvenes sepan a qué riesgos se exponen cuando “regalan” todos sus datos a las grandes tecnológicas.
