PLUSVALÍA: Pedimos al Defensor del Pueblo que los ayuntamientos se allanen

También instamos a mayores esfuerzos en digitalización de las administraciones públicas para facilitar los trámites al ciudadano

Nos hemos reunido hoy con el Defensor del Pueblo para exponer nuestras propuestas en defensa de los intereses del consumidor financiero. Pedimos, en primer lugar, que los ayuntamientos se allanen en los contenciosos por la plusvalía municipal declarada nula por el Constitucional, es decir, reconozcan la razón a los reclamantes evitando con ello que vayan a juicio. De no hacerlo así, se estarán comportando como los bancos, con un criterio de caja que prioriza la dilatación del proceso y el retraso del pago final, buscando la rentabilidad y ocasionando un grave perjuicio al consumidor. 

A este respecto, Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, fue más allá, señalando que “muchos consistorios llevan estos últimos cuatro años cobrando la plusvalía con pérdida de valor en la venta (minusvalía), a pesar de la primera sentencia del Constitucional, en 2017, y actuando por tanto sin cobertura legal, lo que supone desacato y prevaricación por parte de estas AAPP”.

También expusimos en la reunión, mantenida con Andrés Jiménez Rodríguez, director del Área de Seguridad y Justicia del Defensor, la situación de vulneración que sufre el consumidor financiero de su derecho a la tutela efectiva, consagrada en el artículo 24 de la Constitución. Y pusimos propuestas encima de la mesa. Por un lado, la aprobación de una Autoridad bancaria independiente, desligada del Ministerio de Asuntos Económicos y con capacidad para sancionar a las entidades. Por otro lado, la imposición de recargos a las entidades que recurran cuestiones ya resueltas o reiterativas.

Desde ASUFIN también pedimos al Defensor del Pueblo que inste a que todas las administraciones públicas redoblen sus esfuerzos en materia de digitalización. Si las empresas, en especial las pymes e incluso las de menor tamaño, están haciendo grandes esfuerzos por transformar sus procesos, el Estado no puede quedar rezagado.

Las AAPP se están digitalizando de manera irregular, con departamentos que avanzan más rápido que otros: la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuenta con unos estándares muy elevados, mientras que otros departamentos con los que el ciudadano tiene que relacionarse intensamente ofrecen experiencias de usuario muy deficientes y generan una auténtica brecha entre administrado y administración.

La llegada de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea, que tienen el acento en la aceleración de los procesos de digitalización, deberían convertirse en el revulsivo necesario para solventar estas carencias.

En la reunión también denunciamos que el Gobierno exige a las empresas un teléfono de atención gratuito que no ofrecen determinados ministerios y organismos públicos. En concreto, el Real Decreto-ley 37/2020, que obliga a las compañías a disponer de un 900 de atención al cliente pero no así a la Administración, debería cumplirse de manera ejemplar a todos los niveles.

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