Celebramos que la nueva ley que prepara el Gobierno pondrá más vivienda pública en el mercado

Valoramos la futura nueva Ley de vivienda que alumbrará el Gobierno, que mejorará la regulación de los desahucios

A la luz del acuerdo alcanzado para sacar adelante una nueva Ley de Vivienda en nuestro país, consideramos una necesidad imperiosa alcanzar mayores cifras de vivienda pública, homologándonos con nuestro entorno europeo, por lo que consideramos muy positivo que se transite en esa dirección, con aumentos del 30% al 40% en los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida de nueva urbanización, y del 10% al 20% en actuaciones de reforma o renovación.

Las Administraciones públicas tiene mucho por hacer para aumentar el parqué inmobiliario y facilitar soluciones habitacionales a las familias que sufran un desahucio. Mientras tanto, nos parecen relevantes las medidas encaminadas a controlar los precios en las zonas tensionadas de las grandes ciudades de nuestro país con la finalidad de integrar en el mercado a las rentas más modestas y equilibrar el acceso a la vivienda de alquiler, al tiempo que ensancharlo y diversificarlo. Para no crear dificultades entre los pequeños caseros, es positivo que se contemplen bonificaciones a los pequeños propietarios que incentiven la puesta de los inmuebles en arrendamiento.

A la vista de los problemas generados en la anterior crisis financiera, consideramos clave la mejora del marco regulatorio de los desahucios. La prohibición de los desahucios sin fecha y hora predeterminada es una larga demanda por parte de numerosas organizaciones que nos dedicamos a velar por la protección de los consumidores financieros que cristaliza al fin en un texto legislativo.

Patricia Suárez declara que “a falta de conocer el texto legal, es una buena noticia que los partidos se hayan puesto de acuerdo para aprobar una Ley tan importante como la de vivienda, siendo uno de los problemas más graves a los que se enfrentan muchas familias vulnerables y de clase media. Además, es imprescindible que las Administraciones Públicas aumenten el número de viviendas de alquiler social, faciliten soluciones habitacionales a las familias que sufran un desahucio, regulen las zonas tensionadas e incentiven fiscalmente a los propietarios. Medidas que requerirán de muchos años y consensos que son muy necesarios en nuestro país.”

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