Los juzgados especializados registraron una entrada extraordinaria de hasta 46.000 asuntos, según datos del CGPJ
Con reiterados porcentajes de sentencias favorables al consumidor, del 80%, este organismo pondría coto al despilfarro para las arcas públicas y los afectados
En el segundo trimestre del año, el más afectado por la crisis sanitaria y la suspensión de la actividad judicial, ingresaron en los juzgados especializados en cláusulas abusivas 45.988 nuevos asuntos, una cantidad muy superior a la que se ha venía registrando desde 2019 y, en concreto, un 103% más alta que la del primer trimestre del año, según los últimos datos dados a conocer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Un dato que pone de manifiesto la necesidad de crear ya una Autoridad independiente de protección al cliente bancario con capacidad para resolver litigios de consumo financiero.
Como viene siendo habitual, además, los datos del CGPJ revelan que de las 23.128 sentencias dictadas entre el 1 de junio y el 30 de agosto, el 80% siguen siendo favorables al consumidor.
Esto demuestra, en palabras de Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, “que se trata de litigios en los que masivamente tiene la razón el consumidor por lo que un órgano extrajudicial avanzaría en la rápida resolución de estos contenciosos de consumo financiero, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas y los bolsillos de los consumidores que muchas veces no pueden afrontar los altos costes de un procedimiento”.
El número de asuntos pendientes que deja la pandemia en estos juzgados asciende a un total de 252.181, según datos del tercer trimestre. Con respecto al trimestre anterior, que sumó 262.527, arroja un descenso del 4%, lo que da cuenta del impacto que ha dejado sentir en la actividad de los tribunales.
Desde su puesta en marcha el 1 de junio de 2017, los Juzgados especializados en cláusulas abusivas han recibido un total de 570.789 asuntos, de los que han resuelto 320.434.
Suárez añade que “es responsabilidad del Gobierno y de las comunidades autónomas de dotar de medios a los tribunales, de lo contrario están vulnerando el principio fundamental de la Constitución española al estarse produciendo dilaciones indebidas”.
