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ASUFIN representa a los consumidores en la séptima reunión mantenida frente a la patronal bancaria en busca de soluciones
Hoy ha tenido lugar la primera reunión del foro de buenas prácticas bancarias, de las siete organizadas hasta el momento, que ha tocado el tema de la ciberseguridad. Estos encuentros están impulsados desde 2022 por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y reúnen a la patronal bancaria (AEB, CECA y Unacc) con los consumidores, representados por ASUFIN, para abordar todas las cuestiones que preocupan a la ciudadanía usuaria financiera. Para abordar el fraude financiero, también se sumó ayer la patronal de las telecomunicaciones (DigitalES), así como altos cargos del Ministerio de Transformación Digital.
La temática de la ciberseguridad se ha añadido al debate por iniciativa expresada por ASUFIN en la última reunión del 16 de julio. A este foro también acude la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el impulsor de la campaña Soy mayor, no idiota, el médico Carlos San Juan, y el Defensor del Pueblo.
Desde ASUFIN, la presidenta Patricia Suárez, afirmó que “el usuario financiero necesita un marco legislativo mucho más protector, que delimite de forma suficiente el grado de responsabilidad en los casos de ciberfraude, y que tenga en cuenta el contexto en el que se produce. Además, los bancos tienen que trabajar de la mano de las empresas de telefonía y las tecnológicas para avanzar en la prevención del fraude”. Añadió que “no se puede cargar al consumidor con toda la responsabilidad cuando ni los propios bancos ni incluso las grandes tecnológicas tienen mecanismos suficientes para evitar el fraude”.
Además, consideramos que los propios datos y medidas que está adoptando el Banco de España no nos sirven. La gravedad de este tema choca con una consideración por parte del máximo regulador, el Banco de España, muy alejada de la realidad que sufren los usuarios, expuestos cada vez más a la ingeniería social de los ciberdelincuentes, que va muy por delante de la seguridad que despliegan las entidades.
Así, en el 47% de los casos examinados por el Banco de España, se considera que el usuario ha cedido sus datos y, por tanto, no son competentes para delimitar si ha habido o no negligencia por parte del consumidor que justifique la negativa del banco a restituir el dinero. Esta inadmisión de prácticamente la mitad de los casos tiene que ver con que el regulador directamente rechaza todos aquellos en los que detecta un elemento delincuencial, de estafa, en los que, según explica, su ámbito competencial está limitado. Y se da la paradoja de que en el resto de los asuntos, en la gran mayoría -el 84%-, el consumidor ve reconocidos sus derechos en vía judicial. Nos encontramos, por tanto, ante un buen número de estafas en las que el usuario queda totalmente desamparado y obligado a defender su caso en tribunales.
Es más, desde el Banco de España se admite que los expedientes tramitados en materia de ciberfraude “van a menos”, como se reconoció en nuestro VII Congreso anual. Si bien en 2022 se alcanzó el máximo de 10.000 expedientes, los años siguientes esta cifra ha ido a la baja, situándose en el entorno de los 8.500, en estos momentos del ejercicio. ¿Dónde está yendo el resto de casos de ciberfraude? A los tribunales, donde los procedimientos no dejan de aumentar.
Los consumidores soportan actualmente el 86% de las pérdidas por fraude bancario, ya que una de las principales razones que alegan las entidades bancarias a la hora de denegar las reclamaciones y el reembolso, es la “negligencia grave”. Es urgente, por ello, avanzar en una definición que tenga en cuenta todos los aspectos en los que tiene lugar la estafa.
