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Más de 60 organizaciones europeas pedimos mayor contundencia al G-20 para afrontar los riesgos del clima

Nos sumamos a la iniciativa de Finance Watch que insta a los líderes a ser ambiciosos a la hora de abordar los riesgos que el cambio climático supone para nuestras economías y sistema financiero

La organización europea Finance Watch, a la que pertenecemos, lanza una carta abierta a los líderes del G-20 en la que alerta sobre la necesidad de definir acciones para afrontar el riesgo sistémico que supone la exposición a los combustibles fósiles, que ya han apoyado más de 60 organizaciones europeas.  

El texto, accesible aquí, razona que el Consejo de Estabilidad Financiera, así como los supervisores financieros de todo el mundo, han tomado medidas positivas para analizar los riesgos de estabilidad financiera relacionados con el clima, pero ahora llega el turno del liderazgo: “La cooperación mundial y los esfuerzos conjuntos son cruciales a este respecto, ya que los efectos del clima no tienen fronteras. Los líderes del G20 deberían aprovechar su reunión de Bali para pedir la adopción de un conjunto de normas holísticas que garanticen que las instituciones financieras identificar, gestionar y mitigar los riesgos financieros relacionados con el clima”, señala el texto.

Por otro lado, la crisis climática está creando un bucle de retroalimentación en el que las instituciones financieras están financiando actividades que están acelerando el cambio climático irreversible. Esto, a su vez, aumenta su exposición a las crisis financieras inducidas por el clima.

Finance Watch ha llevado a cabo una investigación que revela que los 60 bancos más grandes del mundo tienen unos 1,35 billones de dólares expuestos a combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el factor que más está contribuyendo a acelerar el cambio climático, y muchas de estas inversiones tendrán que ser descartadas antes del final de su vida económica, en el marco de la transición a una economía sostenible. Es decir, se convertirán en activos cautivos y perderán su valor, lo que supondrá pérdidas para los bancos que los financien. Además de los daños obvios derivados del cambio climático, con los episodios que ya estamos viviendo, estas pérdidas podrían desestabilizar el sistema financiero en su conjunto, provocando otra crisis financiera.

Este estudio también muestra que la exposición de los bancos mundiales a activos consistentes en combustibles fósiles en sí mismos —sin contar otros sectores de la cadena que generan grandes emisiones— es prácticamente equivalente a la exposición de todo el sistema financiero a los préstamos subprime antes de la crisis financiera mundial de 2007-2008. Si bien los combustibles fósiles y los préstamos subprime presentan evidentes diferencias estructurales, existen rasgos en común entre la situación de entonces y la actual.

El estudio analiza los 60 bancos más grandes del mundo, incluidos los 22 bancos más grandes de la UE por número de activos, tres de los cuales son españoles. Desde nuestro punto de vista, la aplicación de una ponderación del riesgo del 150 % a los activos de los bancos que estén expuestos al riesgo de crédito de los combustibles fósiles requeriría de media un capital adicional equivalente a unos 3-5 meses de los beneficios de esos bancos en 2021.

Los tres bancos españoles incluidos en nuestra muestra —BBVA, Santander y CaixaBank— están menos expuestos a los combustibles fósiles que los bancos de muchos otros países. Entre los tres, estos bancos poseen en sus balances 30.200 millones de euros en activos vinculados a combustibles fósiles, lo cual supone el 1,12 % de sus activos totales, frente al 1,05 % de la media de la UE y al 1,47 % de la media mundial.

Esto significa que, de media, cada uno de los bancos españoles necesitaría recaudar un capital adicional de 1.400 millones de euros, frente a la media mundial de 2.690 millones de euros, para aplicar una ponderación de riesgo más elevada a sus activos vinculados a combustibles fósiles.

Dada su rentabilidad, los bancos españoles podrían conseguirlo en unos 2,99 meses mediante una retención de beneficios, lo cual está por debajo de la media de la UE y mundial.

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