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Para importes reducidos, el precio del préstamo podrá alcanzar el 23%, mientras que para importes superiores el tope será del 14%
Desde ASUFIN celebramos que el Gobierno haya presentado ya un anteproyecto de ley para transponer la Directiva de Créditos al Consumo, obligación que asumimos ya con retraso, dado que el texto tenía que haber sido aprobado el pasado 20 de noviembre. Esta ley es clave para ordenar el mercado del crédito y proteger a los consumidores de prácticas abusivas y precios de usura, ya que por primera vez establecerá un límite al cobro de los intereses.
Según lo que ha trascendido, para importes que no superen los 1.500 euros, se da un margen de hasta 15 puntos porcentuales, lo que sitúa el tope de intereses al 23% aproximado, similar al de una tarjeta revolving, mientras que, para importes inferiores a los 6.000 euros, baja a 10 puntos, lo que nos sitúa en un entorno de tarjeta de crédito: al 18%. En importes superiores a 6.000 euros, a corto plazo, los topes son del 16%, y del largo plazo, del 14%, similares a los de los préstamos preconcedidos. Habida cuenta de que se trata de topes, resultan, con todo, muy generosos para la industria y onerosos para el consumidor.
Por otro lado, consideramos que de las dos fórmulas de las que disponía el legislador para topar los intereses de los créditos ha optado por la menos proporcional y que puede perjudicar al consumidor en un escenario de tipos bajos. Así, en un escenario de tipos medios al 2%, la suma de 15 puntos porcentuales arroja un tope del 8,5%, más de cuatro veces superior a la media. Si la media de tipos es del 10%, con el tope que alcanzaría el 25%, sólo el doble en este caso.
Desde ASUFIN vemos más lógico imponer los topes con multiplicadores en función de los tramos, por ejemplo: del 3 para el tramo más bajo, del 2,5 para el siguiente, y del 2 y 1,5 para los más elevados.
Cerco a la industria del minicrédito
Más razonable vemos el cerco impuesto al sector del minicrédito que verá muy limitada su capacidad de imposición de precios. Además, y tal y como ya sugerimos en la fase de consulta pública previa, el texto provisional opta por crear una nueva figura para regular a los operadores de minicréditos, lo que dará mayor seguridad jurídica al consumidor, al tiempo que se termina con el crédito informal: todos los que no se ofrezcan con la debida autorización serán considerados nulos.
Según nuestros cálculos, al pasar a un tope máximo de intereses del 4%, los consumidores ahorrarán una media de 60 euros en los intereses de préstamos de 300 euros a 30 días, y de 168 euros, en los de 90 días.
