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El regulador se escuda en no poder entrar a examinar la abusividad de la cláusula, cuando es algo que ya ha hecho el Supremo
El Banco de España admite en su última memoria de reclamaciones que el 80% de las reclamaciones inadmitidas están relacionadas con los gastos de formalización de las hipotecas, que copan hasta 2 de cada 3 materias puestas en liza entre bancos y usuarios financieros. Y la razón que esgrimen es “no poder entrar a examinar la abusividad de una cláusula”, pero lo cierto es que los gastos hipotecarios ya han sido declarados nulos por el Tribunal Supremo, en su sentencia 705/2015, de 23 de diciembre.
Por tanto, una decisión valiente por parte del regulador consistiría en admitir y resolver una cuestión que ya está ampliamente zanjada por parte de los tribunales y que evitaría para miles de usuarios financieros la vía judicial, con el coste económico y en tiempo que supone para ellos. Desde ASUFIN defendemos que no devolver los gastos a la primera reclamación, es una mala práctica como ya advirtió el TJUE en su sentencia sobre la prescripción de la restitución de los gastos.
Además, muchas de las reclamaciones que pasan de los servicios de atención al cliente de los bancos al Banco de España, como paso previo a los tribunales, tienen que ver con el abono de los gastos, pero no de los intereses de demora que han generado el retraso en la devolución, una cuestión incontrovertible a cuya resolución también podría contribuir el Banco de España.
En este sentido, hay que seguir recordando que tenemos varada en el Congreso la ley que crea la Autoridad independiente de defensa del cliente financiero, con la que ese porcentaje se habría beneficiado de una resolución, sin tener que ir a tribunales.
Sin esta herramienta disuasoria, las entidades siguen obligando al consumidor a reclamar, primero al Banco de España, ante la indiferencia en forma de respuestas proforma de los servicios de atención a la clientela, y luego a los tribunales.
La factura, además, le sale barata al banco, un total de 5,1 millones, es decir unos 458,72 euros de media por reclamación, lo que abunda en la idea que siempre hemos transmitido: a las entidades resulta rentable mantener este modus operandi, ya que dilatan en el tiempo la devolución de las cantidades, lo que lleva a muchos a desistir de reclamar.
